Un hombre con el rostro semi cubierto y vestimenta oscura  disparó a  manifestantes del miércoles de protesta, a vista de oficiales de la Policía Nacional, quienes lo dejaron escapar, sin embargo, dos días después, presentaron los datos  del sospechoso: Samir Matamoros,  con un historial activo de delitos, pero miembros de las protestas implican  a Juan Abelardo Rodríguez, miembro de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP), como responsable de los disparos.

Golpes, amenazas a ciudadanos, calles cerradas, interferencias de grupos progobierno , fuerza policial excesiva,  derivan en  la  intimidación que el partido de gobierno (FSLN)  usa como estrategia para  restar protagonismo a los veintiún miércoles de protesta en demanda de elecciones libres y cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE), liderados por Partidos de Oposición, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales durante el primer semestre de 2015.

Aunque la Constitución Política de Nicaragua garantiza en su artículo 54 el derecho de  los ciudadanos nicaragüenses  a movilizarse y manifestarse, Organizaciones como el Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas (IEEPP),  Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH),  Partido Liberal Independiente y  Movimiento Renovador Sandinista (MRS) denuncian la complicidad entre la Policía Nacional, gobierno y partido sandinista para acechar el desarrollo de movimientos sociales desde 2008, año marcado por la polarización política e irregularidades electorales de las elecciones locales.

“En Nicaragua, debe prevalecer la tolerancia y el respeto a la dignidad de todos los nicaragüenses, sin distingo de credos políticos” manifestó en un comunicado el IEEPP dirigido a las máximas autoridades de los poderes de Estado y a los jefes de fuerza de seguridad pública.

“La Policía Nacional está obligada a cumplir con el artículo 6, incisos 1, 3 y 4 de la Ley 872, que establece claramente en sus principios de actuación el apego irrestricto a la Constitución y las leyes, respeto a la dignidad de las personas y el uso racional de la fuerza”, indicó el IEEPP en su comunicado

Samir Matamoros, miembro en un proyecto de pacificación, ligado a historial delictivo. Confidencial/EFE. Mario López. 07 de septiembre 2015

dictado el 8 de julio, después que la Policía Nacional enviara a prisión a diputados y concejales del Partido  Liberal Independiente (PLI) que protestaban frente al CSE.

Mientras el Cenidh ha validado sus denuncias  contra  la Policía Nacional de  retener buses departamentales repletos de personas cuyo destino era las protestas en favor de reformas del órgano electoral. Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh explicó que  la “represión policial violenta los derechos civiles y políticos de estos ciudadanos que demandan cambios sustantivos en el CSE”.